La tinta y papel consumidos en  estudiar el sistema eléctrico dominicano debe ser suficiente para formar  una biblioteca.

Esto viene a cuento por los recientes sucesos, como  la vuelta a la “estatización” de la distribución y comercialización, con la readquisición de acciones por el Estado en la única de las tres empresas que aún tenía socios extranjeros.

También hoy abona los contrasentidos la decisión oficial  de disponer otro aumento en la tarifa en el orden del 6,4%, bajo el alegato de que ha subido el petróleo en el mercado internacional y también está en alza la cotización del dólar.

Esto obliga a  preguntar cómo es posible que la “privatización” de 1998, con la venta por partes de la Corporación Dominicana de Electricidad, presentada como la solución al problema arrastrado por decenios, ahora es revertida en 2009.

El Estado ha comprado las partes peores de la res, animal o cosa eléctrica, pero los entes privados que son propietarios de grandes plantas y barcazas, se mantienen con el filete, el negocio de la producción y venta al gobierno.

El caso Ede Este parece misterioso, no obstante las explicaciones presidenciales a ejecutivos de medios, porque, más que una venta, fue una negociación para poner término a una litis judicial en que el Estado saldría perdidoso.

Un dato curioso  es que al desmembrarse el antiguo monopolio estatal, surgieron más de diez nuevas empresas, mixtas o privadas, que se supone se repartirían o reducirían todo el personal de la vieja CDE, para lograr más eficiencia.

Lo extraño, curioso y lógico sólo desde la visión politiquera, es que  cualquiera de las Edes tiene más empleados que el viejo monopolio estatal,  lo que  evidencia que la fiebre no estaba en la sábana.

Y lo peor es que todas las distribuidoras de energía ¡ahora son del gobierno! Imagínese el resto con respecto al personal supernumerario.

El presidente Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y los politiqueros que quedan bajo la cobija del despedazado Partido Reformista Social Cristiano, al firmar acuerdos de aposento actúan como dueños de partidos.

Pero si en los pactos actúan como dueños de los mal llamados partidos, en la administración del Estado actúan como dueños del país, y esto es más grave.

 Los voceros del Partido Revolucionario Dominicano no han tenido reparo en unir sus voces a la de los grupos empresariales que demandan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Los funcionarios  del área económica, se oponen, no porque sean defensores de la soberanía económica, sino porque quieren ejercer sin control   el clientelismo. 

No son defensores de la soberanía económica. En otros momentos la han hipotecado, y ahora  favorecen al gran capital y perjudican a las  mayorías.

 El arrendamiento a precio de vaca muerta de porciones del territorio nacional a compañías foráneas y la reciente la autorización para que sea instalada  una fábrica de cemento  que creará graves daños a la naturaleza  en el Parque Nacional de Los Haitises, los retratan como entes capaces de venderlo todo.

     Ésa es la definición de los funcionarios del actual gobierno, pero es también la de los dirigentes del PRD, del PRSC y de los pequeños grupos que participan en la repartición de cuotas de poder.

El PRD demanda hoy la firma de un acuerdo con el FMI, y tiene en su historia el haber desatado (con la aprobación de su dirección) en 1984 una ola represiva con un saldo de cientos de muertos para imponer al pueblo la política económica que se comprometió a aplicar dentro de un Acuerdo de Facilidad Ampliada.

La definición común  explica los pactos.

El marco  es el  pacto de clase,  que ha garantizado y sigue garantizando impunidad para el clientelismo y el peculado.

En  1988,   Joaquín Balaguer pactó con  corruptos del gobierno que encabezó Salvador Jorge Blanco, y, de  perseguidos, éstos pasaron a  financiar la reelección.

 Ayer, los acuerdos de aposento se firmaban bajo las órdenes de Joaquín Balaguer. Hoy se hace a través de Miguel Vargas y Leonel Fernández, dos acaudalados empresarios  convertidos en dueños de los mal llamados partidos. 

 Ellos son quienes hoy validan la destrucción del patrimonio nacional.

  Por la fuerza de su poder económico y a través de la manipulación política, han impuesto en la agenda nacional la discusión sobre en qué momento pueden llegar a la Presidencia de la República, en lugar del debate sobre la forma en que deben pagar a esta sociedad el daño que le han hecho.... ¿Qué calificativo les cabe? La decencia obliga a dejarlo en el tintero, pero no es delito insinuarlo.

Por Amy Goodman

La economía es un caos, el desempleo aumenta, la industria automotriz está colapsando. Pero las ganancias de las empresas petroleras Chevron y Shell son más altas que nunca. Sin embargo, alrededor del mundo—desde la selva ecuatoriana, hasta el Delta del Níger en Nigeria, pasando por los tribunales y las calles de Nueva York y San Ramón, California—la gente está luchando contra las gigantes petroleras del mundo. Shell y Chevron están en el centro de atención debido a sus asambleas de accionistas y a un juicio histórico, dos hechos que están ocurriendo esta semana.

El 13 de mayo, las Fuerzas Armadas nigerianas lanzaron un ataque contra poblados en el Delta del Níger, una zona del país rica en petróleo. Se teme que cientos de civiles hayan muerto en la ofensiva. Una celebración en el poblado de Oporoza, en el área del delta, fue atacada, según Amnistía Internacional. Un testigo le dijo a la organización: “Escuché el sonido de una aeronave; vi dos helicópteros militares disparando a las casas, al palacio, disparándonos a nosotros. Tuvimos que correr a un lugar seguro dentro de la selva. En los matorrales, escuché a adultos llorando, tantas madres que no podían encontrar a sus hijos; todos corrieron para salvar sus vidas”.

Shell afronta un juicio en un tribunal federal de Estados Unidos, el caso Wiwa contra Shell, en base a la supuesta colaboración de la petrolera en la violenta represión del movimiento de base del pueblo Ogoni, del Delta del Níger, llevada a cabo por la dictadura nigeriana durante la década del 90. Shell explota las riquezas petroleras del Delta del Níger, provocando desplazamientos, contaminación y deforestación. La demanda también afirma que Shell ayudó a eliminar el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni y a su carismático líder, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa había sido el guionista de la telenovela más popular de Nigeria, pero decidió unirse a los Ogoni, cuyo territorio cerca del Delta del Níger había sido surcado por oleoductos. Los niños de Ogonilandia, como se denomina su tierra, no sabían lo que era una noche oscura, vivían bajo los destellos de las llamaradas, llamaradas de gas del tamaño de un edificio de apartamentos que estaban encendidas día y noche, y que son ilegales en Estados Unidos.

Entrevisté a Saro-Wiwa en 1994. Me dijo: “A las empresas petroleras les gustan las dictaduras militares porque, básicamente, bajo estas dictaduras pueden estafar. Las dictaduras son brutales con la gente, y puedan negar los derechos humanos de las personas y de las comunidades muy fácilmente, sin escrúpulos", y agregó: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”.

Saro-Wiwa regresó a Nigeria y fue arrestado por la Junta Militar. El 10 de noviembre de 1995, luego de un juicio arreglado, fue colgado junto con otros ocho activistas Ogoni.

En 1998, viajé al Delta del Níger con el periodista Jeremy Scahill. Un ejecutivo de Chevron que se encontraba allí nos dijo que la empresa transportó tropas de la mal reputada Fuerza Policíal Móvil nigeriana–conocida por su política de “matar e irse”-, en un helicóptero que le pertenecía a la compañía, hasta una lancha petrolera que había sido ocupada por manifestantes no violentos. Dos manifestantes fueron asesinados, y muchos otros fueron arrestados y torturados.

Oronto Douglas, uno de los abogados de Saro-Wiwa, nos dijo: “Está muy claro que Chevron, al igual que Shell, utiliza a las Fuerzas Armadas para proteger sus actividades petroleras. Perforan y matan”.

Chevron es el segundo mayor accionista (después de la empresa petrolera francesa Total) del proyecto del campo de gas natural y gasoducto de Yadana, en Birmania (que la Junta Militar ha renombrado "Myanmar"). El gasoducto es la mayor fuente primaria de ingresos de la Junta Militar, y sus ganacias le sumaron un total de alrededor de mil millones de dólares en 2007. La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que fue elegida popularmente como líder de Birmania en 1990, ha estado bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años, y tendrá que comparecer ante los tribunales nuevamente esta semana (el martes, el gobierno dijo que había puesto fin al arresto domiciliario de Suu Kyi, pero permanece detenida, en espera del resultado del juicio). El gobierno de Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses invertir en Birmania desde 1997, pero Chevron tiene una exoneración, que heredó cuando adquirió la empresa petrolera Unocal.

Una larga lista en la que se enumeran abusos similares cometidos por Chevron, desde Filipinas a Kazajistán, Chad, Camerún, Irak, Ecuador y Angola, y en todo Estados Unidos y Canadá, es detallada en un “informe anual alternativo” preparado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, que está siendo distribuido a los accionistas de Chevron en su asamblea anual de esta semana, y al público en TrueCostofChevron.com.

Chevron está siendo investigada por el Fiscal General del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acerca de si la empresa fue “precisa y exhaustiva” en la descripción de sus potenciales responsabilidades legales. Sin embargo, goza de una larga tradición de contratar a gente con poder político. Condoleezza Rice fue directora de la empresa durante mucho tiempo (incluso había un buque petrolero con su nombre), y el nuevo asesor general recientemente contratado es nada menos que el desprestigiado abogado del Pentágono, William J. Haynes, quien defendió las “técnicas de interrogatorio severas”, incluso el submarino. El General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Barack Obama, formó parte de la Junta de Directores de Chevron durante la mayor parte de 2008, hasta que recibió la designación de alto nivel en la Casa Blanca.

Saro-Wiwa dijo antes de morir: “Vamos a exigir nuestros derechos en forma pacífica, sin violencia, y venceremos”. Un movimiento popular mundial está creciendo para lograr justamente eso.

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Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna.

Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es co-autora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times”, recientemente publicado en edición de bolsillo.